Un proyecto de pensión reparatoria para víctimas y familiares afectados por el fentanilo adulterado fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado Cristian Castillo, busca brindar asistencia económica, cobertura médica y acompañamiento integral a quienes sufrieron las consecuencias de este caso.
El legislador explicó en Radio Buenos Aires AM 1350 que la propuesta incluye “una pensión reparatoria para los familiares víctimas y las víctimas sobrevivientes”, junto con la cobertura del IOMA y “la atención interprofesional para el acompañamiento”. El proyecto surge tras el trabajo con familiares durante una comisión investigadora previa en el Congreso Nacional.
Castillo remarcó la gravedad de los hechos y el impacto en las familias: “Los testimonios son absolutamente desgarradores […] nos pudo pasar a cualquiera”, señaló, y describió que muchas víctimas atravesaron situaciones críticas tras recibir ampollas contaminadas. Además, indicó que hay “114 casos de fallecimiento comprobados y otros en investigación”, aunque advirtió que podrían ser más.
El diputado también cuestionó los controles sobre el laboratorio involucrado: “No queda claro por qué cuando se detectan irregularidades no se clausura”, afirmó, y agregó que la producción de los lotes adulterados ocurrió luego de inspecciones que ya habían detectado fallas en las condiciones de fabricación.
En paralelo a la causa judicial, que investiga responsabilidades empresariales y posibles fallas estatales, el proyecto propone la creación de un registro oficial de víctimas. “Es una medida reparatoria elemental para quienes están en una situación de vulnerabilidad económica y emocional”, sostuvo Castillo.
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El legislador explicó en Radio Buenos Aires AM 1350 que la propuesta incluye “una pensión reparatoria para los familiares víctimas y las víctimas sobrevivientes”, junto con la cobertura del IOMA y “la atención interprofesional para el acompañamiento”. El proyecto surge tras el trabajo con familiares durante una comisión investigadora previa en el Congreso Nacional.
Castillo remarcó la gravedad de los hechos y el impacto en las familias: “Los testimonios son absolutamente desgarradores […] nos pudo pasar a cualquiera”, señaló, y describió que muchas víctimas atravesaron situaciones críticas tras recibir ampollas contaminadas. Además, indicó que hay “114 casos de fallecimiento comprobados y otros en investigación”, aunque advirtió que podrían ser más.
El diputado también cuestionó los controles sobre el laboratorio involucrado: “No queda claro por qué cuando se detectan irregularidades no se clausura”, afirmó, y agregó que la producción de los lotes adulterados ocurrió luego de inspecciones que ya habían detectado fallas en las condiciones de fabricación.
En paralelo a la causa judicial, que investiga responsabilidades empresariales y posibles fallas estatales, el proyecto propone la creación de un registro oficial de víctimas. “Es una medida reparatoria elemental para quienes están en una situación de vulnerabilidad económica y emocional”, sostuvo Castillo.
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