El ex ministro del Interior y ex director de la SIDE, Miguel Ángel Toma, cuestionó con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido el pasado 31 de diciembre que otorga una centralidad inédita al sistema de inteligencia nacional. En declaraciones a Radio Buenos Aires AM 1350, el especialista calificó la medida como un retroceso institucional y técnico que, lejos de agilizar la lucha contra el crimen organizado, burocratiza la estructura estatal. “Querer modificar la ley con un decreto ya de por sí me parece un error importante”, señaló Toma, quien fue uno de los autores de la Ley de Inteligencia vigente.
Durante la entrevista, el ex funcionario explicó que la fragmentación del sistema en múltiples agencias con autonomía técnica atenta contra la eficiencia operativa necesaria para enfrentar amenazas modernas como el narcotráfico o el terrorismo. “Va a generar tantos quioscos de tan difícil coordinación que evidentemente va a atentar contra la eficacia”, advirtió, contrastando esta decisión con la agilidad que poseen las estructuras delictivas actuales. Además, Toma lamentó que se haya optado por un DNU en lugar de fomentar un debate parlamentario que garantice una política de Estado consensuada, tal como ocurrió con la legislación de 2001.
Otro de los puntos de mayor controversia analizados fue el uso de terminología técnica inapropiada en el decreto, como el concepto de "actividades encubiertas", que según el entrevistado genera sospechas innecesarias de espionaje interno. “Pobre Presidente, le hicieron semejante mamarracho”, sentenció Toma, atribuyendo las fallas de la norma al desconocimiento de quienes la redactaron. Asimismo, diferenció los conceptos de ciberseguridad y ciberinteligencia para aclarar que la protección de datos estatales no debería mezclarse con el espionaje estratégico. “Una cosa es proteger nuestros archivos y otra cosa es bucear en el mundo digital para protegernos de amenazas”, precisó.
Finalmente, respecto a la reforma laboral que también impulsa el Ejecutivo, el dirigente peronista instó a separar la modernización del empleo de las reformas sindicales para evitar conflictos que bloqueen el crecimiento. “El objetivo es que no se destruya el trabajo, que se disminuya el costo laboral y que no se pierdan derechos”, concluyó el ex diputado nacional, enfatizando que cualquier cambio legal será "letra muerta" si no existe un crecimiento económico real que lo respalde.
Podés ver la charla completa en nuestro canal de YouTube: Radio Buenos Aires.
Durante la entrevista, el ex funcionario explicó que la fragmentación del sistema en múltiples agencias con autonomía técnica atenta contra la eficiencia operativa necesaria para enfrentar amenazas modernas como el narcotráfico o el terrorismo. “Va a generar tantos quioscos de tan difícil coordinación que evidentemente va a atentar contra la eficacia”, advirtió, contrastando esta decisión con la agilidad que poseen las estructuras delictivas actuales. Además, Toma lamentó que se haya optado por un DNU en lugar de fomentar un debate parlamentario que garantice una política de Estado consensuada, tal como ocurrió con la legislación de 2001.
Otro de los puntos de mayor controversia analizados fue el uso de terminología técnica inapropiada en el decreto, como el concepto de "actividades encubiertas", que según el entrevistado genera sospechas innecesarias de espionaje interno. “Pobre Presidente, le hicieron semejante mamarracho”, sentenció Toma, atribuyendo las fallas de la norma al desconocimiento de quienes la redactaron. Asimismo, diferenció los conceptos de ciberseguridad y ciberinteligencia para aclarar que la protección de datos estatales no debería mezclarse con el espionaje estratégico. “Una cosa es proteger nuestros archivos y otra cosa es bucear en el mundo digital para protegernos de amenazas”, precisó.
Finalmente, respecto a la reforma laboral que también impulsa el Ejecutivo, el dirigente peronista instó a separar la modernización del empleo de las reformas sindicales para evitar conflictos que bloqueen el crecimiento. “El objetivo es que no se destruya el trabajo, que se disminuya el costo laboral y que no se pierdan derechos”, concluyó el ex diputado nacional, enfatizando que cualquier cambio legal será "letra muerta" si no existe un crecimiento económico real que lo respalde.
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