En comunicación con Radio Buenos Aires AM 1350, el abogado constitucionalista Diego Armesto explicó los alcances de la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata referente al DNU 70/23 y la Ley de Tierras. El especialista aclaró los malos entendidos sobre el dictamen y remarcó que "la Corte no avaló la compra de tierras extranjeras, lo que hizo la Corte simplemente fue [...] revocar la sentencia". Armesto sostuvo que el máximo tribunal desestimó la presentación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) por fallas de representatividad técnica, al argumentar que "no hay caso, porque vos no podés hacer un planteo en abstracto" y que para accionar judicialmente "tiene que haber caso concreto".
Al abordar el marco regulatorio vigente tras la derogación del marco nacional, el constitucionalista explicó que la adquisición de inmuebles continúa regulada por el Código Civil y las normativas provinciales o municipales. Respecto del impacto institucional del fallo, puntualizó que el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del decreto y envió una señal directa al Poder Legislativo. Sobre este punto, remarcó que "en la inteligencia de los legisladores tienen que buscar alguna fórmula" para ordenar el escenario normativo y exigió "que el Congreso se haga cargo de sus funciones" en el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.
Finalmente, el especialista analizó los riesgos de judicialización masiva y la situación actual de los organismos institucionales de la Justicia. Para acceder al análisis detallado sobre este fallo, la Ley de Tierras y el funcionamiento del Poder Judicial, te invitamos a mirar la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube.
Al abordar el marco regulatorio vigente tras la derogación del marco nacional, el constitucionalista explicó que la adquisición de inmuebles continúa regulada por el Código Civil y las normativas provinciales o municipales. Respecto del impacto institucional del fallo, puntualizó que el tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del decreto y envió una señal directa al Poder Legislativo. Sobre este punto, remarcó que "en la inteligencia de los legisladores tienen que buscar alguna fórmula" para ordenar el escenario normativo y exigió "que el Congreso se haga cargo de sus funciones" en el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.
Finalmente, el especialista analizó los riesgos de judicialización masiva y la situación actual de los organismos institucionales de la Justicia. Para acceder al análisis detallado sobre este fallo, la Ley de Tierras y el funcionamiento del Poder Judicial, te invitamos a mirar la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube.
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