El exdefensor Atilio Álvarez analizó las fallas en el caso Agostina Vega

El abogado y docente Atilio Álvarez, quien se desempeñó como defensor de menores e incapaces de la Justicia Nacional durante más de cuatro décadas, analizó las falencias procedimentales y los prejuicios institucionales que dificultan la resolución de los casos de desaparición de menores en el país. Durante una entrevista en Radio Buenos Aires AM 1350, el especialista centró su evaluación en el reciente crimen de Agostina Vega y advirtió sobre la persistencia de un sesgo burocrático que retrasa la activación de los mecanismos de búsqueda bajo la falsa presunción de que el menor regresará por sus propios medios.

Álvarez cuestionó severamente la tradición policial y judicial de postergar el inicio de las actuaciones durante las primeras 48 horas tras radicarse la denuncia. Al respecto, el exmagistrado puntualizó: “Hay una larga tradición que dice que hay que esperar 48 horas. Que está basada en que la estadística dice que en 48 horas el 90 y pico de los chicos que no están que desaparecen vuelven. Pero uno nunca sabe si está dentro del 90 y pico o si está dentro del restante”. Asimismo, enfatizó la necesidad insoslayable de radicar la presentación formal de manera inmediata y recomendó a los familiares mantener una postura firme en las sedes policiales: “Usted no se mueve de la comisaría, hasta tanto no le toman la denuncia, pacíficamente se sienta y dice, 'No me muevo hasta que no tomen la denuncia.' ¿Por qué? Porque me han dicho que tiene la obligación de tomar”.

En relación al otorgamiento de libertades condicionales a imputados por delitos graves contra la integridad de las mujeres, el especialista señaló que el foco de la investigación judicial debe dirigirse hacia los antecedentes penales del principal acusado y el nivel de control ejercido tras el pago de cauciones económicas. “Si lo que hubo fue una una excarcelación extraña en un caso de la gravedad del de lo que se describe, vuelvo a decir, no tengo la no he visto la causa ni puedo verla. Pero por supuesto, si es una puede haber una situación de excarcelación con controles, acá se nota que no ha habido control alguno”, observó con preocupación. En la misma línea, advirtió sobre las disparidades de criterios ligadas al nivel socioeconómico de los procesados: “A veces también aparece el tema lo voy a decir con crudeza, si no ofender a nadie, el tema clasista, clasista en sentido pésimo, ¿no es cierto? Si es de tal de tal nivel, pues entonces no hay problema, en cambio si es de nivel bajo a la cárcel y esperar”.

Finalmente, el exdefensor público instó a la sociedad y al Poder Legislativo a no flexibilizar el marco normativo penal vigente respecto a las figuras que castigan la violencia de género, citando indicadores estadísticos nacionales que reflejan una problemática endémica. “No avanzar en la derogación del nosotros decimos el tipo, o sea, el delito descrito en el Código Penal agravado de femicidio, que lleva a prisión perpetua. Porque si con prisión perpetua nos siguen matando chicas, imagínese si lo derogamos, es un piedra libre”, concluyó. El jurista recordó que estas dinámicas no constituyen hechos aislados e invitó a mantener la memoria colectiva sobre las víctimas para evitar retrocesos en la legislación criminal.

La entrevista entera está disponible en nuestro canal de YouTube para quienes deseen profundizar en el análisis técnico del especialista.