Tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil el pasado 5 de septiembre, el abogado especializado en derecho penal y minoridad Santiago Kosicki analizó en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350 los aspectos centrales y las modificaciones inmediatas que introduce la normativa. Durante el diálogo, el letrado sostuvo que "el principal cambio es la baja de la edad de punibilidad" y explicó que "hoy en día con la nueva reforma, la edad baja a 14 años y para todos los delitos". Asimismo, sobre los aspectos punitivos de la norma, remarcó que el texto "prohíbe la prisión perpetua y establece un límite punitivo de 15 años", al tiempo que advirtió que la ley "quita esta regla de la culpabilidad disminuida", lo cual representa "un problema constitucional grave que tiene la ley".
El especialista examinó también las repercusiones judiciales y las medidas cautelares dispuestas en el ámbito provincial, como la suspensión temporal fijada por la justicia en la Provincia de Buenos Aires ante deficiencias de infraestructura. Al respecto, Kosicki consideró que "es la provincia con mayor caudal de personas menores de edad que son criminalizadas y que están en centros de detención", por lo que la resolución judicial busca verificar si "los lugares de detención están en condiciones". En esta línea, remarcó que el Estado mantiene la obligación ineludible de garantizar estándares mínimos de habitabilidad ante la eventual sobrecarga del sistema penitenciario juvenil.
Para profundizar en el debate jurídico, las implicancias constitucionales y el alcance operativo del nuevo régimen, te invitamos a ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.
El especialista examinó también las repercusiones judiciales y las medidas cautelares dispuestas en el ámbito provincial, como la suspensión temporal fijada por la justicia en la Provincia de Buenos Aires ante deficiencias de infraestructura. Al respecto, Kosicki consideró que "es la provincia con mayor caudal de personas menores de edad que son criminalizadas y que están en centros de detención", por lo que la resolución judicial busca verificar si "los lugares de detención están en condiciones". En esta línea, remarcó que el Estado mantiene la obligación ineludible de garantizar estándares mínimos de habitabilidad ante la eventual sobrecarga del sistema penitenciario juvenil.
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