La abogada de la primera víctima de Claudio Barrelier, Mónica Picco, confirmó en Radio Buenos Aires AM 1350 que la causa por el femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio tras una investigación que calificó como “contundente y lapidaria”. El fiscal Raúl Garzón pidió el cierre de la etapa de instrucción y consideró que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el debate oral, donde se evaluará la responsabilidad penal del principal acusado y de otras cinco personas señaladas por presunto encubrimiento.
En diálogo con el programa Buenas tardes Buenos Aires, Picco explicó que el requerimiento de elevación a juicio implica que la investigación ya reunió el grado de probabilidad necesario para sostener la acusación. “Las pruebas son objetivas, prolijas y completamente respaldadas”, afirmó, al detallar que hay testimonios, registros del 911, evidencia biológica y otras pruebas materiales que sostienen la hipótesis fiscal.
La letrada señaló que la investigación descartó la existencia de una red de trata y que el expediente se sostiene en hechos de extrema gravedad, con dos víctimas identificadas en el proceso. También indicó que una de las personas imputadas será juzgada por encubrimiento, al haber convivido en el domicilio donde ocurrieron los hechos y no haber alertado sobre la situación.
Según estimaciones judiciales, la causa podría llegar a juicio entre marzo y abril del próximo año, una vez resueltas las eventuales apelaciones de las defensas. La abogada consideró que, por la solidez del expediente, el proceso podría derivar en una condena.
Escuchemos la nota.
“Las pruebas son contundentes y el fiscal actuó con mucha rapidez”, sostuvo Mónica Picco en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350.
En diálogo con el programa Buenas tardes Buenos Aires, Picco explicó que el requerimiento de elevación a juicio implica que la investigación ya reunió el grado de probabilidad necesario para sostener la acusación. “Las pruebas son objetivas, prolijas y completamente respaldadas”, afirmó, al detallar que hay testimonios, registros del 911, evidencia biológica y otras pruebas materiales que sostienen la hipótesis fiscal.
La letrada señaló que la investigación descartó la existencia de una red de trata y que el expediente se sostiene en hechos de extrema gravedad, con dos víctimas identificadas en el proceso. También indicó que una de las personas imputadas será juzgada por encubrimiento, al haber convivido en el domicilio donde ocurrieron los hechos y no haber alertado sobre la situación.
Según estimaciones judiciales, la causa podría llegar a juicio entre marzo y abril del próximo año, una vez resueltas las eventuales apelaciones de las defensas. La abogada consideró que, por la solidez del expediente, el proceso podría derivar en una condena.
Escuchemos la nota.
“Las pruebas son contundentes y el fiscal actuó con mucha rapidez”, sostuvo Mónica Picco en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350.
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