El Observatorio Vial analizó el decreto para habilitar talleres particulares en la verificación técnica vehicular

El debate en torno a las modificaciones regulatorias y operativas del sistema de control vehicular registra nuevos posicionamientos desde el ámbito técnico e institucional. En declaraciones a Radio Buenos Aires AM 1350, el presidente del Observatorio Vial, Fabián Pons, analizó el alcance del decreto del Gobierno nacional que desestimó una presentación de la cámara empresarial del sector, dejando firme la normativa que apertura la prestación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a talleres particulares, concesionarios e importadores. El especialista señaló que, además de esta apertura, el decreto modifica los plazos vigentes, estipulando la primera inspección a los 5 años del patentamiento para vehículos nuevos y fijando una frecuencia bianual hasta los 10 años, con variaciones según la categoría del rodado.

Durante la evaluación de la medida, se detallaron las problemáticas operativas preexistentes en los centros de revisión y las contradicciones entre las exigencias normativas y la infraestructura pública. Pons manifestó que el funcionamiento actual de las plantas de verificación presenta falencias en la profundidad e integridad de las inspecciones técnicas, y advirtió que los usuarios suelen percibir la tasa del servicio como un gravamen adicional. En este sentido, planteó la falta de coherencia institucional al sancionar a los conductores por el deterioro de los componentes vehiculares, cuando dicho estado es frecuentemente provocado por las condiciones de conservación deficientes de la red vial por la que transitan.

En el aspecto estrictamente legal y jurisdiccional, se anticiparon potenciales controversias de carácter constitucional entre las distintas administraciones del Estado. El directivo aclaró que la potestad regulatoria sobre el tránsito de autos particulares reside en las provincias y municipios, y que distritos como la provincia de Buenos Aires ya manifestaron su decisión de no adherir a la disposición central. Debido a que la normativa local exige la realización del trámite en el lugar de radicación del coche, Pons concluyó que la insistencia federal podría derivar en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, dado que las administraciones locales rechazan la centralización de un sistema que representa una fuente significativa de ingresos fiscales.

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