El juez de garantías de La Plata Federico Atencio denunció a la Cámara de Diputados bonaerense por presunto encubrimiento y ocultamiento de información en la causa conocida como “Chocolate” Rigau. “Se tiene que investigar si no hay un encubrimiento”, planteó la periodista Josefina López Mckenzie en Radio Buenos Aires AM 1350, al explicar el conflicto entre el Poder Judicial y la Legislatura.
Según detalló, la denuncia se produce luego de que la Cámara se negara a entregar documentación clave solicitada por la Justicia: los “memos de propuesta de designación”, que permitirían identificar qué legisladores impulsaron contrataciones dentro del esquema investigado. La negativa no fue informal, sino que se resolvió mediante una votación en el recinto, donde se archivaron pedidos judiciales dentro de un expediente que incluía miles de resoluciones administrativas.
La causa investiga un sistema de presuntos prestanombres vinculados a contrataciones en la Legislatura, donde las personas figuraban como empleadas pero no cobraban directamente sus sueldos. En paralelo, ya hay imputados que fueron elevados a juicio por asociación ilícita y estafas reiteradas, aunque la investigación busca avanzar sobre responsabilidades políticas. El conflicto abre además un debate sobre hasta dónde puede avanzar la Justicia frente a un poder legislativo que se niega a aportar información.
Para más información y entrevistas completas, ingresá al sitio de Radio Buenos Aires AM 1350.
Según detalló, la denuncia se produce luego de que la Cámara se negara a entregar documentación clave solicitada por la Justicia: los “memos de propuesta de designación”, que permitirían identificar qué legisladores impulsaron contrataciones dentro del esquema investigado. La negativa no fue informal, sino que se resolvió mediante una votación en el recinto, donde se archivaron pedidos judiciales dentro de un expediente que incluía miles de resoluciones administrativas.
La causa investiga un sistema de presuntos prestanombres vinculados a contrataciones en la Legislatura, donde las personas figuraban como empleadas pero no cobraban directamente sus sueldos. En paralelo, ya hay imputados que fueron elevados a juicio por asociación ilícita y estafas reiteradas, aunque la investigación busca avanzar sobre responsabilidades políticas. El conflicto abre además un debate sobre hasta dónde puede avanzar la Justicia frente a un poder legislativo que se niega a aportar información.
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